Más de 36 millones de pesos facilitados por el Mineduc destinados a escolares con difícil situación económica, fueron gastados sin justificación en otra finalidad. El paradero del dinero deberá ser esclarecido a la brevedad por la Ilustre Municipalidad de Puerto Octay, ubicada en la provincia de Osorno.

La millonaria suma proveniente de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, la cual se utilizó en otro propósito, debía haber sido destinada a los alumnos con situación económica complicada. Respecto a esto, en abril del 2013, la Comisión de Educación del Concejo Municipal octayino solicitó al alcalde, Carlos Mancilla, una aclaración.

Esta aclaración, anteriormente mencionada, consistía en una auditoría interna que esclareciera la razón del congelamiento de las subvenciones para algunas escuelas rurales del sector. Sin embargo, hasta la fecha, dicha investigación no se realizó siendo postergada, aseguran, por una serie de argumentos injustificados.

Al respecto, Ricardo Soto, presidente de la Comisión de Educación, sostuvo que se recabó la información y en el último Concejo Municipal aplicaron esta solicitud, esta vez por parte de la Contraloría y no de manera externa como lo habría planteado la autoridad comunal.

Sobre los fondos, Soto agregó que éstos fueron entregados al municipio en el año 2012, los cuales se podían gastar hasta el 28 de febrero del siguiente año, traspaso que no fue clarificado e imputado como corresponde.

Por su parte, la concejala Patricia Álvarez, integrante de la Comisión de Educación, concordó con que la auditoria debe ser efectuada por Contraloría y no de manera externa, lo que permitirá entregar mayores garantías al momento de responder a la Superintendencia de Educación, al Concejo Municipal y a la misma comunidad.

Desde la Superintendencia de Educación, José Rogel, encargado regional de fiscalización de la entidad, reveló desconocer la situación de Puerto Octay. En ese contexto, solicitó a los sostenedores de establecimientos proporcionar datos de los saldos disponibles en las cuentas corrientes de la Ley SEP, y así ver si estos coinciden o no con los saldos que arrojan las rendiciones de cuenta.

El encargado regional de fiscalización de la Superintendencia de Educación, agregó que en las inspecciones realizadas no se han encontrado con grandes déficit financieros o pérdidas de recursos, sólo pequeñas sumas que han sido destinadas para otros recursos dentro del contexto.

Según información de Radio Bío Bío, el dinero o parte de éste habría sido gastado en calefacción, específicamente en la compra de combustiones lentas, acción que no corresponde a fondos SEP, los cuales son destinados exclusivamente a los planes de mejoramiento educativo.

Si bien se aclaró que el dinero fue devuelto, lo que se busca con la auditoría, manifestaron los concejales, es saber quiénes son los responsables de dichos gastos y comprobar que no hay otras anomalías similares. Se espera que la investigación esté concluida durante el primer semestre, con el objetivo de marcar un precedente para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir.