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Durante la última década, las instituciones privadas de educación superior han estado bajo escrutinio debido a su relación con el lucro, actividad que por ley tienen prohibida. Estudiantes y organizaciones sociales han denunciado que la mayoría de ellas realiza maniobras financieras para cumplir en el papel, mientras en la práctica operan como haría cualquier otra empresa de interés pecuniario.
Sin embargo el contrato con el cual la Universidad Andrés Bello (UNAB) fue adquirida por la estadounidense Laureate International Universities (LIU), revela cómo efectivamente las casas de estudios superiores pueden transarse como propiedades, con un precio de mercado que depende en gran medida de la cantidad de estudiantes en sus aulas.
El documento inédito en inglés al que tuvo acceso Radio Bío Bío está fechado el 2 de junio de 2003, detallando como la por entonces llamada Sylvan Learning Systems -o “la compañía“, como hace referencia el texto legal- adquirió un 80% de participación en la UNAB y el instituto AIEP, por un monto total de 62.8 millones de dólares.
En él se especifica que la compradora será una nueva empresa creada en Chile, llamada “Desarrollo de la Educación Superior S.A.” (Desup), representada por Robert W. Zentz, consejero general de LIU y supervisor de sus transacciones internacionales.
Desup adquirió los valores de la UNAB y AIEP a través de 5 empresas vendedoras: Inversiones La Caleta S.A., Inversiones Yuste S.A., Copra S.A., Inversiones Huepil Limitada y Edin Development Ltd. Llama la atención que esta última, al igual que la firma Unigroup, identificada como dueña de parte de los bienes transados, fueron constituidas bajo la legislación de las Islas Vírgenes británicas, un reconocido paraíso fiscal.
Sin embargo el párrafo que más llama la atención es donde se especifica que la marca UNAB es “vendida” por un total de 15.172.500.000 pesos (más de 15 mil millones de pesos chilenos), demostrando que la institución educativa fue transada como una empresa, en vez de una “alianza estratégica”, como se intentó publicitar en aquel entonces el acuerdo.
¿Quienes estuvieron tras la venta de la UNAB?
Al examinar el documento de venta, 8 nombres surgen de inmediato como responsables de la transacción.
1. Juan Antonio Guzmán Molinari: representante de Inversiones La Caleta S.A, quien fue ministro de Educación de Augusto Pinochet entre los años 1987 y 1989. Está casado con Paulina Dittborn, ex vicepresidenta del Consejo Superior de Educación y hermana del actual subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn. Además, Guzmán fue desginado por el actual gobierno del presidente Piñera como presidente del Comité Asesor para el Desarrollo Eléctrico y ocupó el cargo de rector de la UNAB.
Su relación con Paulina Dittborn no es un hecho menor. La arqueóloga fue blanco de un escándalo cuando en 2011, el Consejo Superior de Educación (CSE) del que ella era vicepresidenta, decidió revertir la decisión del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de no acreditar a la Universidad de Las Américas, institución donde estaba previsto que asumiera como rectora apenas 2 meses después, consigna El Mostrador.
Dittborn actualmente es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás.
2. Álvaro Saieh Bendeck: identificado en el documento como uno de los “miembros activos” de la UNAB. Controlador de los grupos Copesa (Medios), CorpBanca (Financiero) y SMU (Supermercados).
3. Jorge Selume Zaror: otro de los “miembros activos” de la UNAB. Es parte del directorio de CorpBanca y actual presidente de la Región Andina del Grupo Laureate.
4. Andrés Navarro Haeussler: representante de inversiones Yuste S.A. Fundó la empresa Sonda en 1974 y desde entonces ha presidido o formado parte de numerosos directorios, como la Clínica Las Condes, Universidad San Sebastián, LAN o Chilevisión. Se le identifica como cercano a la DC.
Cierran esta lista Luis Cordero Barrera, Ignacio Fernández Doren, Miguel Angel Poduje Sapiain y Marcelo Ruiz Pérez, todos ex funcionarios del Régimen Militar, según consignaba el diario La Nación en una nota de la época.
Más relevante aún: Jorge Selume fue citado a declarar en diciembre de 2013 en el marco de la investigación sobre irregularidades en la acreditación de la Universidad del Mar, también adquirida por Laureate. Aquí, admitió que tras vender la UNAB, él y los otros “miembros activos” mencionados en el contrato, recibieron 10 millones de dólares cada uno por la transacción.
“En 2003 entró el Grupo Laureate y salimos los ocho (controladores) que estábamos (…) Se transfirieron institutos profesionales, marcas, algunas propiedades y también el IP AIEP. El Grupo Laureate adquirió estos bienes en alrededor de 80 millones de dólares y por lo tanto significó alrededor de 10 millones de dólares para cada uno de los controladores. En todo caso, la adquisición no incluyó la mayor parte de las inmobiliarias, que siguieron en manos de algunos de los ex sostenedores”, indicó Selume al fiscal Carlos Gajardo.
Cómo el Mineduc y el Servicio de Impuestos Internos hicieron la vista gorda
En agosto de 2011, Ciper Chile realizó una investigación para saber por qué las autoridades de la época no pusieron un alto a la adquisición de la UNAB ni tampoco a la compra de la Universidad de Las Américas (UDLA), la primera compra de Laureate International Universities en Chile.
Las respuestas fueron sorprendentes.
“No es que no hayamos sabido que eso existió, yo creo que todos saben que existió, lo que pasa es que se ajustaba a la ley [...] Es un tema muy difícil de fiscalizar, porque en rigor los traspasos que se hicieron cumplieron con la ley, no hubo retiro de excedentes sino que hubo cambio de socios, y la verdad es que en ese momento nuestra preocupación fundamental tenía que ver con crear un sistema de acreditación que resguardara la calidad“, indicó Mariana Aylwin, secretaria de la cartera entre 2000 y 2003.
Una postura similar es la de Sergio Bitar, ministro de Educación entre 2003 y 2005: “En los análisis que hicimos no había forma legal de contener aquello. Hice varias denuncias públicas que había que detener esto porque estaba violando el espíritu de la ley. Incluso en un momento pensamos en hacer alguna acción judicial. Pero en ese tiempo la preocupación era la ley de acreditación de calidad y ampliar el acceso de los jóvenes a las universidades“.
Respecto de lo mismo, María José Lemaitre, secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación hasta 1998, revela que el Servicio de Impuestos (SII) Internos y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) no sólo estaban al tanto de la transacción, sino que incluso la favorecieron ante la expectativa de recibir mayores recursos.
“Les dijimos: qué hacemos con éstas instituciones que claramente están sacando plata y la respuesta fue que todo lo que estaban haciendo era legal. Pero no sólo eso. Nos argumentaron que desde el punto de vista de las finanzas públicas nos conviene que la plata salga de las universidades y se vaya a una inmobiliaria, porque la inmobiliaria paga impuestos y la universidad no. ¡Yo quedé plop! Ese fue el argumento: no tiene sentido que nos pongamos parados de la hilacha (quisquillosos) cuando desde el punto de vista del fisco nos conviene que nos paguen impuestos”, contó a Ciper Chile.
