El argumento de que democracia y libre mercado forman per se un sistema político no se sustenta. Menos se sustenta que puedan estimular a las sociedades para absorber los ajustes fiscales y las reformas institucionales correspondientes. Es así que la economía global ha hecho más visible una falla principal en el estado liberal y dos medidas a las que se recurre en tiempos de crisis: autoritarismo económico y político; o, protección financiera y seguridad (férrea) en la sociedad.

Esta fórmula ya no dio resultado. Los dos argumentos señalados fueron llevados a tal extremo, que tres décadas más tarde se expresan en manifestaciones sociales. El problema central consiste en que el actual modelo económico no ha generado un sistema político que lo sustente política y socialmente. Los reclamos de la población están repartidos y la “bomba social” en el planeta crece.

El primer capítulo se inaugura con el ajuste estructural de las economías a comienzos de la década de 1980. La medida se adopta sin consulta ciudadana. La crisis financiera de la década anterior obliga a la economía global a que el estado reduzca sustancialmente su rol económico y social a través de la privatización de servicios y bienes públicos y con desregulación activa. Este fenómeno fue global con Estados Unidos y Europa Occidental en la batuta.

En el segundo capítulo los países subdesarrollados son obligados a pagar deudas, equilibrar su cuenta corriente y reducir el gasto fiscal para programas sociales. El resultado es la debacle generalizada en los sectores de salud y educación. El efecto se extiende a países desarrollados. El tercer capítulo comienza en la crisis de 2008 cuando se le solicita a ese estado ya debilitado, que sostenga al sistema financiero y que además ajuste el gasto fiscal social. Ejemplos paradigmáticos en la actualidad son España, Grecia y Portugal y su inquietud social. Sociedades como la India y China experimentan el fenómeno en su propia dinámica interna, como es el caso de Chile y los países de esta región.

El problema del estado liberal post segunda guerra mundial, y su inclinación de concebir la democracia con altos grados de calidad en la representatividad, de pluralismo, respeto a la igualdad y los derechos, es haber “encontrado” un sistema económico – el del ajuste estructural de los 80- que se impuso violando ese patrón aceptado de pluralismo y aspiración por igualdad.

A partir de este ajuste, los sistemas políticos no representan las diferencias de la población y la evolución de sus intereses. El sistema solo puede aplicarse con autoritarismo y verticalidad a través del poder (de liquidez especialmente) en los grandes consorcios que secuestran las bases del estado y de las instituciones políticas que, en rigor, se convierten en sucursales del gran capital.

La crisis financiera de 2008 demostró que el mando político finalmente no era constitutivo de la gestión del sistema económico. El supuesto era que la economía había engullido a la política y se demostró que era así. Desde la elite del poder económico se acudió al sistema político para proteger el circuito de su supervivencia de modo que “el sistema no se detuviera”. Los banqueros principales del planeta reclamaban liderazgo político como si éste fuera algo externo. Esa misma elite financiera que limitó la vía política y la participación ciudadana en la gestión del nuevo orden económico internacional implantado arbitrariamente en la década de 1980, demandaba una urgente intervención política.

El sistema económico no concibe un sistema político más horizontal y participativo que lo sustente porque pierde eficacia. El sistema económico impuesto socavó las bases del liberalismo y la tendencia hacia el autoritarismo de la década de 1980 se manifiesta en otra dimensión, aunque con instrumentos más sofisticados, a veces.