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Una entrevista que brindó el retirado general de Ejército Manuel Contreras a CNN Chile, detonó una crisis que derivó en la histórica determinación del Gobierno del presidente Sebastián Piñera de ordenar el cierre del Penal Cordillera, cárcel especial donde están presos 10 militares en retiro condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet.
La controversia surgió luego que Manuel Contreras asegurara que personal de Gendarmería estaba sólo para “pasarle el bastón”, hecho que incluso le valió ser sancionado, privándole de recibir visitas.
Pero además, sus declaraciones sirvieron para colocar en el tapete las condiciones en que cumplía su condena en el penal, con comodidades para sus internos que no son propias de otras unidades penales a lo largo del país, donde aún existen serios problemas para mantener recluidos a 53.000 personas con una tasa de hacinamiento que supera el 70%.
Recordemos que el Penal Cordillera, una antigua casa de veraneo transformada en recinto penitenciario en 2004, estaba destinada para 10 internos, que eran controlados por 35 gendarmes. Los internos vivían en cinco cabañas en medio de áreas verdes, con baño privado, agua caliente, bastante luz natural y equipadas con electrodomésticos.
Además, recibían dietas diferenciadas dependiendo de sus requerimientos de salud, tenían acceso a música, radio, televisión, y contacto permanente con sus familias, según un reciente informe de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez.
Tras la polémica, el presidente Sebastian Piñera ordenó que todos los reos internos en el Penal Cordillera sean trasladados a Punta Peuco, una cárcel especial en las afueras de Santiago creada en 1995 cuando aún Pinochet aún era comandante en Jefe del Ejército, y donde están recluidos otros 44 militares en retiro, bajo buenas condiciones y vigilados por 66 gendarmes.
La fecha en que se realizará el traslado se mantiene aún en reserva, pese a que se especula que se realizará en horas de la noche bajo estrictas medidas de seguridad.
Penal Cordillera | Felipe Fredes F/AgenciaUNO
Pero ¿quiénes son los “privilegiados” internos del Penal Cordillera?
La mayoría de los reclusos fueron miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía política que operó en los primeros y más sangrientos años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó 3.200 muertos y 38.000 torturados, según el informe Rettig.
El más emblemático de ellos es Manuel Contreras, ex director de la DINA y quien acumula unos 300 años de años de cárcel por sucesivas condenas por secuestros, ejecuciones y torturas. De sus delitos, destaca la participación en la muerte del ex canciller Orlando Letelier, y del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats.
Además, cumplen condena otros miembros de la DINA, como Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff, José Zara, David Miranda y César Manríquez.
Pedro Espinoza, brigadier retirado del Ejército de Chile, cumple sentencia por estar involucrado en el crimen de Letelier y por su participación en la operación denominada “Caravana de la Muerte”, liderada por el general Stark. Además, fue jefe de operaciones y fiscalizador del centro de detención Villa Grimaldi.
El coronel Moren Brito, por su parte, fue jefe de la Brigada Caupolicán de la DINA, comandante de Villa Grimaldi y también participó en la Caravana de la Muerte. Se le atribuye participación en 91 casos de detenidos desparecidos o ejecutados, según Memoria Viva.
Miguel Krassnoff, por su parte, es otro de los militares emblemáticos que permanecen en el Penal Cordillera. De hecho ha sido uno de los más presentes en los medios de comunicación junto a Manuel Contreras, debido a los homenajes que le han prodigado familiares y amigos, como el organizado por el ex alcalde Cristián Labbé en Providencia.
Krassnoff, descendiente de cosacos rusos, es uno de los militares que más condenas arrastra, con 20 ratificadas por la Corte Suprema sumando en total 120 años de cárcel. Entre sus crímenes más connotados, se cuenta el caso “Calle Conferencia”, donde fue eliminada la cúpula del Partido Comunista.
José Zara, David Miranda y César Manríquez, si bien también fueron parte de la DINA, no son muy conocidos eclipsados por otros integrantes del aparato represor de la dictadura. Sin embargo, sus antecedentes penales incluyen la muerte del general Prats -como en el caso de Zara- y torturas en el centro de detención Tejas Verdes de San Antonio, delito que pesa sobre Miranda. Manríquez, por su parte -jefe de la brigada metropolitana de la DINA- cumple condena por la muerte de Víctor Jara y por la operación Colombo, destinada a encubrir la desaparición de 119 opositores al régimen militar.
Además de los miembros de la DINA, en el Penal Cordillera también están recluidos dos ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), como el primer jefe que tuvo esa unidad, Odlanier Mena, condenado por el fusilamiento de tres militantes socialistas en Arica durante el paso de la “Caravana de la muerte”. Es el único que cuenta con el beneficio de salida dominical, siendo incluso fotografiado mientras paseaba por el Mall Parque Arauco.
El otro ex miembro de la CNI es el ex director de este organismo, Hugo Salas, quien fue condenado a cadena perpetua por la muerte de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la operación Albania o “Matanza de Corpus Christi”, que fue tratado de disimular como un “enfrentamiento” entre los fallecidos.
Por último, aparece el único militar que no fue parte de algún organismo represor. Se trata de Jorge Nibaldo Del Río Del Río, retirado coronel de Ejército, procesado por crímenes ocurridos en octubre de 1973 en la comuna de Puerto Saavedra.
