El año pasado, el Servicio señaló que la sociedad Real State Golden Investment –vinculada a esta familia- tenía que cancelar US$ 220 millones y en julio de este año le informó sobre este nuevo pago. En total, ya suman aproximadamente US$ 400 millones que el Fisco reclama para sí.

El 30 de julio pasado, cuatro funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) firmaron una de las seis liquidaciones de impuestos que se emitieron a las sociedades de los miembros de la familia Ossandón Larraín. A través de una extensa comunicación, el Servicio les informa que cada una de ellas tiene que pagar aproximadamente US$ 30 millones por concepto de impuestos ($15.578 millones de pesos). En total, la familia deberá cancelar alrededor de US$ 180 millones.

La fortuna de la familia Ossandón Larraín viene del abuelo Bernardo Larraín Vial, quien heredó parte de la Hacienda La Dehesa en los años 50. En total, se le entregaron unas 1.500 hectáreas de lo que hoy es la comuna de Lo Barnechea. A fines de los 70, inició el proyecto inmobiliario Club de Golf Lomas de la Dehesa. Tuvo una sola hija, María Soledad Larraín Troncoso, quien se casó con Gabriel Ossandón. Tanto a su hija como a sus cinco nietos les donó en vida, llegando a enterar cada uno de los nietos Ossandón Larraín alrededor de US$ 200 millones.

Los 5 hermanos Ossandón Larraín (Bernardo, Gabriel, Manuel, María Soledad y María Teresa) son primos de Manuel José Ossandón Irarrázabal (RN), quien actualmente se postula como candidato a senador de la zona Santiago-Oriente, tras haberse desempeñado como alcalde de Pirque y de Puente Alto.

Querella por estafa

En 2004, Manuel Ossandón Larraín se fue a estudiar a Estados Unidos y le dejó un mandato a su hermano mayor, Bernardo, para que gestionara su patrimonio personal. En ese período, éste realizó cambios a la estructura societaria de la familia y “se habría fijado un estatuto que despoja a Manuel Ossandón, junto con su esposa e hijos, de la administración de la fortuna familiar”, explicó El Mercurio en una nota a fines de 2012.

Hace dos años los abogados que defienden los intereses de Manuel Ossandón y su esposa acudieron a los Tribunales de Justicia, para interponer dos querellas criminales contra Bernardo y los abogados Rodrigo Ruiz-Tagle y Marko Jurgensen, en el 7º Juzgado de Garantía. En ellas acusan a Bernardo de estafa, apropiación indebida, y de falsificación y uso malicioso de instrumento público falsificado.

Cabe señalar que Manuel Ossandón fue el único de la familia que comenzó la batalla legal, pese a que la situación denunciada afecta a todos los integrantes por igual.

La fiscal a cargo del caso, Macarena Cañas, ofició al SII para que investigara sobre las posibles irregularidades tributarias que podrían surgir de esta investigación. Con estos antecedentes en mano, el Servicio de Impuestos Internos inició su propio análisis, el cual concluyó el año pasado en un cobro por US$ 220 millones a la sociedad Real State Golden Investment y ahora retasó los bienes de la sociedad Lomas de la Dehesa Ltda. y aplicó los impuestos correspondientes, cobrando otros US$ 180 millones.

Bajo la lupa del SII

En este último cobro, el SII fiscalizó 6 sociedades relacionadas con los integrantes de la familia: Inversiones Guadalupe Ltda., Inversiones Zebra Ltda., Inversiones La Rosa Ltda., DM Inversiones Ltda., Inversiones Tongoy Ltda., e Inversiones Navona Ltda, las cuales vendieron los derechos sociales que tenían en partes iguales en Lomas de la Dehesa Ltda en $100.000 cada una.

El Servicio revisó si los $100.000 en que se vendieron los derechos sociales correspondían a un valor de mercado o no, ya que “si el precio o valor establecido por las partes resulta notoriamente inferior a los valores” que se cobran en operaciones similares, el organismo fiscalizador tiene la facultad de hacer su propia tasación, indica en el documento donde fundamenta su modo de actuar.

De esta manera concluyó que los activos de Inversiones Lomas de La Dehesa ascendían a $420.990 millones. Sin embargo, en lo que había una diferencia sustancial era en el monto de los pasivos, pues de acuerdo a escrituras éstos llegaban a $ 366.732 millones, pero como eran pagaderos a 60 años y sin intereses, el Servicio estimó que su valor real era de $46.846 millones.

A este monto sumaron otros $56.333 millones que se consideraron de corto plazo, determinando una deuda de $103.179 millones. De esta forma, el patrimonio económico (activos–pasivos) ascendía a $317.811 millones, muy lejos de lo que los Ossandón Larraín habían estimado.

Esto implica que el valor real de los derechos cedidos por cada sociedad no era de $100.000, sino que se elevaban a $52.968 millones. Y así quedó establecido en el documento suscrito por Claudio Ambiado, director regional del SII. Fijado el precio, se determinó un impuesto de Primera Categoría correspondiente a $15.578 millones (unos US $30 millones) por cada una de las seis sociedades fiscalizadas.

Consultado el SII sobre esta información, declinó hacer cualquier tipo de comentario.

¿Qué dicen los afectados?

La familia Ossandón Larraín que es liderada por el mayor de los hermanos, Bernardo, contestó por escrito a Radio Bío Bío: “Hemos respondido a todas las fiscalizaciones que Impuestos Internos ha realizado a las sociedades de nuestra familia, presentando todos los antecedentes que corresponden. En los casos en que esa entidad ha estimado que debe cobrar un monto determinado en dinero, nuestra defensa ha presentado nuestra posición en contra de esos cobros, tal como lo establece el Código Tributario chileno. Sabemos que este es un tema que puede durar bastante tiempo, pero estamos tranquilos y con la certeza de que son los tribunales los que van a definir esta situación”.

En tanto que Sergio Contreras, abogado penalista de Manuel Ossandón (el hermano que inició la disputa legal), señaló: “Estamos estudiando los antecedentes, porque nos hace sentido la valoración que hizo el SII de los derechos sociales de las compañías. Esta ratifica nuestra tesis de la apropiación indebida de la cual fue víctima la empresa Inversiones DM limitada, por una supuesta reorganización tributaria liderada por Bernardo Ossandón y que redundó en la venta de esos derechos en la ridícula suma de $100.000. En definitiva, plantea lo mismo que nuestra querella en contra de Bernardo Ossandón.”