Gendarmes de la región del Bío Bío exigieron al Ministerio de Justicia cerrar los penales Cordillera y Punta Peuco, que ofrecen privilegios a condenados por graves transgresiones a los derechos humanos. Asimismo, exhortaron a las autoridades civiles y militares a dar explicaciones por el rol de los gendarmes en estos exclusivos centros de reclusión.

La institución rechazó categóricamente que los gendarmes del Penal Cordillera estén para “pasarle el bastón”, como aseguró en una entrevista el condenado por delitos de lesa humanidad, Manuel Contreras; palabras que consideran peyorativas y despectivas, y que deben tener una sanción.

El presidente de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería de Concepción, Óscar Ulloa, desmintió que Punta Peuco sea una cárcel militar, y exigió tanto al Ministerio de Justicia como al Ejército a clarificar el rol de los funcionarios y el carácter que tienen los penales para los violadores de Derechos Humanos.

Canchas de tenis, quinchos para asados, TV cable, régimen diario de visita y otros privilegios son los que presentan estas cárceles, que a juicio de los gendarmes deben cerrarse y trasladarse sus internos a penales comunes, bajo el imperio de la igualdad ante la ley.

Los números son decidores al respecto. La ex Penitenciaría de Santiago tiene 5.456 presos y 400 gendarmes, o sea, 0,01 gendarme por preso; mientras que la Cárcel Cordillera presenta 10 internos y 36 funcionarios, es decir, 3,6 funcionarios por condenado.

Otros casos extremos los presenta la Cárcel Femenina de Arauco con 12 internas al cuidado de 2 funcionarios, frente a Punta Peuco, que destina 82 gendarmes para 44 internos.