La ONG Reporteros Sin Fronteras aboga por la libertad de prensa y posee presencia en todo el mundo. En enero de 2013 la organización ubicó a Chile en el lugar 60 de 179 países en lo que respecta a avances en esta materia.

Cuarenta años después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 las nubes de polvo de La Moneda aún perturban las conciencias. Más allá del sacrificio de Salvador Allende, en las cenizas del palacio presidencial chileno se esconde el trauma de las democracias deshechas entre las garras del Plan Cóndor. La persistencia del símbolo subraya que ciertas heridas aún no han cerrado. A falta de justicia, es la hora de los arrepentimientos, aunque sean tardíos. Salvo –o rara vez– de los medios de comunicación.

Cierto, el gigante brasileño Globo dio el paso el 31 de agosto pasado reconociendo abiertamente el “error” que cometió al haber apoyado el Golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 que derrocó al presidente João Goulart. “Era la guerra fría y creíamos que salvábamos la democracia”, explicó el diario. El periódico argentino Clarín y el chileno El Mercurio se comportaron de la misma manera cuando los militares tomaron el poder por la fuerza en sus respectivos países, pero nunca expresaron un mea culpa, pues la primera regla parece ser el business as usual.

El acto de contrición del grupo Globo en Brasil no redujo su segmento de mercado. En Chile El Mercurio y el grupo Copesa siguen siendo los únicos beneficiarios del sistema de subvención del Estado destinado a la prensa, que cada año otorga 5 millones de dólares. Asimismo, Clarín conserva una posición dominante en el espacio argentino de frecuencias de radio y televisión, y se niega ceder parte de él, como lo exige la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA o Ley de Medios), cuya plena aplicación se encuentra en suspenso por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las regulaciones propuestas por la izquierda en Sudamérica en la década de los años 2000 (Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay) se comprenden en función de los años Cóndor. La censura y el terror cesaron, pero el pluralismo no ha llegado, no el pluralismo real. La fuerte concentración mediática consolidada durante las dictaduras no experimentó ningún cambio con el retorno a la democracia. Ese era uno de los mensajes de los estudiantes chilenos que protestaban de forma masiva en las calles en 2011 o de los numerosos manifestantes de la ‘Primavera brasileña’ de junio pasado. Por otra parte, la historia nos susurra, observemos lo que sucedió en Venezuela en 2002, en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012, donde los medios de comunicación privados dominantes se volvieron cómplices de los golpes de Estado, que creíamos pasados de moda.

En otros lugares la promoción de una nueva legislación enfrenta la lógica oposición de los grupos de medios de comunicación que se ven afectados. Cierto, la actitud de ciertos gobiernos alimenta una polarización dañina para el debate público. También es verdad que a veces, además de una loable repartición de frecuencias, nuevas legislaciones pueden tender a establecer un enojoso control de los medios de comunicación y de sus contenidos, como sucede en Ecuador. Así, no es menos importante una redefinición del espacio de difusión que tenga en cuenta el conjunto de medios de comunicación alternativos y de radios comunitarias con que cuenta la región.

Apoyados en este sentido por los relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), Argentina y Uruguay rompieron con sistemas de regulación por demás obsoletos, puesto que databan de la época de la dictadura.

En Brasil y en Chile el statu quo permanece. Ironía de la historia, quienes apoyaron el Golpe de Estado de Pinochet porque querían “evitar una nueva Cuba” deben admitir la verdad que encierran las palabras de uno de sus compatriotas, periodista, que durante mucho tiempo vivió exiliado: “Tanto en Chile como en Cuba, ¡no encontramos ningún diario de oposición en los kioscos!”. Así que, por favor, señoras y señores accionistas, no mencionen la “libertad de prensa” para defender sus ganancias.

Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras
Benoît Hervieu, Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras