Durante las últimas semanas, la planta Valdivia de Celulosa Arauco ha vuelto a estar en la mira de muchos.

El histórico fallo del Primer Juzgado Civil de Valdivia que condenó al Grupo Angelini por la contaminación del Río Cruces abrió las puertas para intentar recomponer una tensa relación con la sociedad civil en Los Ríos, marcada por la desconfianza.

La ciudadanía aprendió a leer entre líneas cualquier acción de la papelera. En los últimos diez años, sus históricas actuaciones soberbias, vulnerando la institucionalidad y subestimando a la comunidad hicieron de la gigante de Mariquina un ícono de la lucha contra el poderío económico en la zona.

En la memoria de quienes se opusieron a ella quedan los intentos de estudios en Mehuín, cuando la Armada repelía a balazos a los locales que evitaban las mediciones para que la empresa no instalara allí un ducto por el que evacuaría sus efluentes.

No se olvidan, tampoco, las amenazas de sus ejecutivos de 2004, cuando decían que llevarían a tribunales a quien públicamente vinculara el desastre del Río Cruces con su funcionamiento.

Muchos guardarán en la mente la imagen de cientos de trabajadores de la empresa, marchando por las calles de Valdivia con sus motosierrras funcionando y con monstruosos camiones resguardándolos.

Están en la retina los diversos incumplimientos a su Resolución de Calificación Ambiental, sanciones a las que apeló hasta la última instancia: recién en enero de este año se confirmó una multa de 800 UTM en su contra, que había sido aplicada en 2005.

Los que cuentan con una mejor memoria recuerdan también un estudio presentado por Celco ante la Corte Suprema que no era tal y que incluso terminó con uno de sus abogados renunciando.

Y qué decir de la cuestionada maniobra de pagar cifras millonarias a pescadores de Mehuín para poder terminar los estudios del ducto. Con ello, se generaron divisiones que derivaron en duros enfrentamientos entre los habitantes de lo que era antes una tranquila caleta

Por ello, no sorprende la sospecha que generó el contenido del recurso presentado contra el fallo de primera instancia del Juzgado Civil de Valdivia.

No debiera sorprender, tampoco, a los ejecutivos de la propia empresa. En los últimos años han hecho esfuerzos evidentes para retomar el vínculo con la comunidad: financiando iniciativas de pequeños productores, de municipios y trabajando de manera asociativa con instituciones de prestigio en Valdivia y representantes de gremios empresariales locales. Pero no ha sido suficiente.

No. La empresa no puede pensar que los valdivianos le creerán lo que diga, sin cuestionamientos. Arauco debe tener en sus cálculos que no bastan 10 años para enterrar a Celco.

El reconocimiento de su responsabilidad en la contaminación del Santuario Carlos Andwanter es histórico. Pero sus ejecutivos deben aprender que cualquier gesto será analizado desde la desconfianza.

Por ello, no se pueden permitir espacios para errores de interpretación. Si lo que busca Arauco es demostrar que aprendió la lección y que renuncia a evitar a un castigo por el bien de la convivencia, sus gestos no pueden facilitar el más mínimo cuestionamiento.

Es hora que la empresa demuestre que dejará morir a la última parte de Celco, que tanto molesta a los valdivianos.