El Gobierno oficializó este martes la presentación de una denuncia contra los presuntos 3.000 falsos exonerados políticos según lo que constató la investigación administrativa de la Contraloría General de la República.
La acción judicial fue efectuada por los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta, en representación de la subsecretaría del Interior y su titular, Rodrigo Ubilla.
Hermosilla señaló que “hemos presentado dos archivadores con gran cantidad de documentos que se han recopilado en los últimos meses en la Subsecretaría del Interior y ahora sumado con el informe emitido por la Contraloría General de la República”.
“Ahora debe actuar el Ministerio Público que esperamos lo haga lo antes posible”, dijo el jurista.
De esta forma el Gobierno le pide al Ministerio Público que se pronuncie sobre una investigación que deberá desarrollar la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
El titular de esta división del Ministerio Público es Andrés Montes, hijo del diputado Carlos Montes quien es parte de los exonerados políticos durante la dictadura, sin embargo, el fiscal afirmó que no existe ninguna inhabilidad legal para que lleve el caso.
Esta posición fue respaldada por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien ratificó que será esa Fiscalía la que investigará la presunta comisión de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y prevaricación.
Chahuán agregó que la misma Fiscalía Metropolitana Centro Sur va a examinar la competencia para determinar si los hechos son anteriores a 2005, en cuyo caso deberían ser investigados por la ministra en visita Mireya López.