El lunes 2 de abril de 2012, por la mañana, el sargento del GOPE de Carabineros Hugo Albornoz recibió una herida de bala en el cuello, en una confusa circunstancia, mientras se retiraba de la comunidad Wente Winkul Mapu, en la comuna de Ercilla. El carabinero se encontraba de servicio, junto a unos 50 efectivos, en un procedimiento encabezado por el fiscal jefe de Collipulli, Luis Chamorro. El operativo terminó con dos mujeres detenidas, una de ellas en un allanamiento no autorizado.

Horas después, el sargento falleció en el Hospital Regional de Temuco, provocando conmoción pública. Al día siguiente, el werkén de la comunidad, Daniel Melinao, pide a la justicia prontitud para aclarar los hechos y recibe voluntariamente a la Policía de Investigaciones para realizar en el lugar los peritajes correspondientes. En tal peritaje se determinó que el sargento no fue herido en una emboscada en el camino, como había sido la versión oficial de la Fiscalía y Carabineros, sino en el patio de una casa a la que ingresaron posteriormente.

Un año después, el dirigente Daniel Melinao es detenido en la ciudad de Collipulli y formalizado como coautor de homicidio calificado al sargento Albornoz, quedando privado de libertad en la cárcel de Angol, al menos por dos meses. Presentó los cargos el mismo fiscal Chamorro, y como prueba, la triangulación de su teléfono celular, que lo ubicaría en la comunidad, o cerca de ella, en la hora y lugar de los hechos. Además, 5 carabineros dicen reconocerlo presente en el lugar, entregando un cartucho de escopeta a otros comuneros que habrían estado participando en un enfrentamiento.

Hay una serie de preguntas que nos inquietan a la hora de discernir esta situación.

¿Cuánto se ha avanzado en la investigación para aclarar la verdad sobre la muerte del sargento Albornoz, ya ocurrida un año atrás? En enero de este año la información de prensa sobre el informe filtrado por Carabineros, especificaba que no hay pruebas suficientes como para practicar detenciones. ¿Qué cambió desde entonces hasta ahora?

¿Por qué se le negó el derecho al detenido de ser representado por un abogado de su propia confianza durante la formalización? ¿Por qué todavía la defensa no puede tener acceso a la carpeta de investigación?

¿Cuánto tomó en cuenta el tribunal, al acoger la imputación, las actividades que tuvo el dirigente en Collipulli -de lo cual hay varios testigos- durante la mañana del lunes 2 de abril mientras se realizaba el allanamiento? En un lapso muy rápido desde que el dirigente estaba en Collipulli, carabineros testimonian que se encontraba participando activamente de un enfrentamiento en un lugar al que es sumamente difícil acceder por las condiciones del terreno.

¿No debiera declararse incompetente el fiscal, siendo que fue parte de la supuesta emboscada, y dejar la investigación a un fiscal que pueda actuar con imparcialidad? La Defensoría Penal Pública ha pedido ya en dos ocasiones la inhabilidad del fiscal Chamorro -por tener calidad de víctima en las causas que él mismo investiga- siendo esto desestimado por el fiscal regional.

Por otro lado, nos parece que hay elementos suficientes para hacer un cuestionamiento al fiscal Chamorro y al Tribunal de Angol, respecto a las causas levantadas contra esa comunidad y otras, dado que la Corte Suprema ya en tres ocasiones en los últimos meses ha anulado juicios y altas condenas por falta de pruebas, después de largas prisiones preventivas dictadas en procedimientos similares de formalizaciones ocurridas mucho tiempo después de los hechos.

¿Cuánto están presionados los tribunales de la zona para obtener encarcelados de las comunidades que están llevando adelante procesos de recuperación territorial efectiva, y cuánto esto está provocando una falta de prolijidad a la hora de evaluar los méritos de una acusación?

Nadie puede dejar de lamentar la muerte de un carabinero en acto de servicio. Creemos que ni Carabineros ni las comunidades mapuche son los principales responsables de las situaciones de violencia a las que ya estamos acostumbrados -son sólo carne de cañón-, sino un poder político y económico que se niega a avanzar en la restitución territorial, provocándose situaciones dolorosas que ya no se resisten más.

Esperamos que lo antes posible se esclarezca la verdad de los hechos en la muerte del sargento Albornoz, luego de la exhaustiva investigación que se habrá hecho durante un año completo, con amplios recursos por parte de los organismos pertinentes. Anhelamos que la prisión preventiva se declare sólo cuando haya pruebas suficientes, lo que vemos que no ha ocurrido en ya varios casos.

En el caso de Daniel Melinao, no comprendemos cómo hoy puede haber pruebas que no había hace meses, si se dice que son carabineros quienes lo reconocen en el lugar de los hechos, y siendo él un dirigente ampliamente conocido en la zona. Si Carabineros tuviera fotos sacadas ese día, entonces Melinao debiera haber sido encarcelado al día siguiente, cuando apareció públicamente por la prensa pidiendo que se esclareciera la situación y abriendo la comunidad a la Policía de Investigaciones.

La detención del werkén de Wente Winkul Mapu se da en un contexto más amplio de decisiones políticas sobre las demandas del movimiento mapuche.En las últimas semanas se han realizado allanamientos en distintas comunidades, destacando por la fuerza del contingente policial con armamento de guerra en Trapilwe, Mawidache y Rukawe. Ya son casi 30 los mapuche detenidos desde Concepción a Valdivia, con criterios que no serían acogidos si los imputados no fueran mapuche. Mientras, se avanza en proyectos inconsultos, es decir, ilegítimos: la ley forestal, el aeropuerto o la hidroeléctrica en el sitio ceremonial en Pilmaikén. Nos parece que en este año electoral, se está preparando un escenario cada vez más conflictivo para el próximo gobierno.

Misión Mapuche de la Compañía de Jesús. Tirúa.
P. Carlos Bresciani SJ.
P. Juan Fuenzalida SJ.
H. Luis García-H SJ.
H. Germán Méndez SJ.