Las organizaciones que lograron detener el proyecto Pascua Lama en el norte van ahora por un cambio en la institucionalidad ambiental. Junto a parlamentarios PPD criticaron que sólo por la vía judicial se puedan detener proyectos que, según ellos, afectan el medio ambiente.

La paralización de Pascua Lama de la multinacional Barrick no es un caso aislado. Son varios los proyectos de desarrollo y explotación que han tenido como freno o piedra de tope la judicialización de dichas iniciativas.

Recordemos que la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó paralizar el proyecto minero, acogiendo el requerimiento de comunidades diaguita que reclamaban por graves irregularidades medioambientales vinculadas a la destrucción de glaciares y a la contaminación de recursos hídricos.

Según el senador Guido Girardi del PPD, la constante judicialización de grandes intervenciones mineras o energéticas, como también es el caso de la Termoeléctrica Castilla e Hidroaysén, habla sólo de las ineficiencias que contiene la institucionalidad ambiental nacional.

Girardi agregó que este tipo de proyectos han avanzado sólo gracias al lobby y a situaciones irregulares que colindan con la corrupción, y lamentó que la institucionalidad actual esté definida por intereses económicos y no con el propósito del cuidado de la salud de la población, ni la preservación del medio ambiente.

El abogado Lorenzo Soto, que representó el proceso judicial que detuvo a Pascua Lama en la justicia, dijo que una de las alternativas para evitar esta situación es un consejo de servicios técnicos evaluadores.

Las propuestas que Girardi pretende levantar en el Congreso apuntan a consideran aspectos como la regulación y planificación del territorio y la protección de la biodiversidad y del agua; este último aspecto un asunto donde parlamentarios avanzan en un proyecto de nacionalización y nuevo código de regulación.