El Ministerio Público investigará una denuncia en contra del ministro de Educación, por un eventual fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, debido a la entrega de dineros del Crédito con Aval del Estado a la Universidad Pedro de Valdivia, pese a no estar acreditada.

Un nuevo frente abrieron los estudiantes universitarios en contra de Harald Beyer, luego que presentaran una denuncia ante la fiscalía local de Ñuñoa, por los dineros que se le otorgaron a la Universidad Pedro de Valdivia, por concepto del Crédito con Aval del Estado el año 2012, pese a que el plantel no se encontraba acreditado.

La acción legal es en contra del secretario de Estado en su calidad de presidente de la Comisión Ingresa, que es el organismo que deriva estos dineros a las entidades de educación superior que se encuentren acreditadas.

El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, indicó que se ofició a la directora ejecutiva de la Comisión Ingresa, Alejandra Contreras, que no era posible extender la acreditación de la UPV que expiró en diciembre de 2011, porque la ley lo impide.

Según constan en los antecedentes que se entregaron a la Fiscalía, la información de que la UPV no estaba acreditada para el período 2012, también fue remitida al jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte. Pese a ello, la Comisión Ingresa informó que 836 alumnos que ingresaron a primer año se les otorgó el beneficio por 1.394 millones de pesos.

Al respecto, el ministro de Educación, Harald Beyer, indicó que se investigará la denuncia.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, indicó que esta denuncia busca perseguir la responsabilidad penal y política del ministro Beyer y que no se puede perjudicar a los estudiantes.

Desde la fiscalía informaron que se oficiará al Consejo de Defensa del Estado y se citará a declarar al ministro Beyer, como lo solicitaron los denunciantes. Además, la investigación se llevará por carriles separados a las indagatorias que lleva adelante el Ministerio Público por las acreditaciones fraudulentas, y se evalúa enviar estos antecedentes a la Contraloría, para perseguir una eventual falta administrativa.