Nuevas solicitudes de formalizaciones se avecinan en el marco del Caso Tsunami, a poco menos de una semana que se cumplan tres años de la tragedia. De acuerdo a cifras oficiales, 156 personas murieron y 25 resultaron desaparecidas el 27 de febrero de 2010.

Estas eventuales formalizaciones, de acuerdo al abogado querellante Raúl Meza, se basan sobre lo expuesto por la Policía de Investigaciones en el último informe de la institución. En éste, la ex presidenta Michelle Bachelet habría reconocido tener el mando político mientras se trabajaba en la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi.

Meza asegura que se acredita ahí la responsabilidad tanto de la ex mandataria como de su entonces ministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma.

El abogado querellante, además, intentó que el presidente Sebastián Piñera declarara en calidad de testigo en el caso, ya que él también estuvo en la Onemi la noche de la catástrofe.

Esta diligencia sería importante, a juicio del abogado Alfredo Morgado -también querellante en esta causa-, sólo sí el jefe de Estado pudiera aportar nuevos antecedentes. Lo anterior es puesto en duda por el mismo abogado, ya que asegura que Piñera se aprontó en la Oficina Nacional de Emergencias varias horas después del terremoto.

Morgado adelanta que se viene una audiencia de solicitud de sobreseimiento en el caso por parte de la defensa.

Juan Domingo Acosta, representante del ex intendente de la región del Bío Bío, Jaime Tohá, asegura que la inocencia de su representado es total, de acuerdo al informe de la Policía de Investigaciones. El trabajo de Tohá, asegura Acosta, consistió en transmitir información proveniente de funcionarios de la Armada.

Tanto Morgado como Meza adelantan que, tras el cierre de la investigación, debiera iniciarse un meticuloso y extenso juicio oral, el que tendría su inicio a fines de este año.