Una nueva ofensiva con miras al Comité de Ministros inició el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), habitantes de la región de Aysén y pobladores amenazados de ser relocalizados. Esto ante la inminente votación que podría definir en diciembre próximo la posición del gobierno central frente a las reclamaciones presentadas, tanto por comunidades y organizaciones, como por HidroAysén.

Los opositores a HidroAysén buscan transparencia e igualdad ante la ley en la tramitación de la iniciativa y en la decisión que se adopte en Santiago, y dejan en claro que este acto administrativo abre una de los escenarios más resistidos por el gobierno y los empresarios: un retorno a la judicialización del proyecto de represas en Patagonia.

El 31 de octubre el secretario ejecutivo del CDP, Patricio Rodrigo, envió una carta a la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien preside la instancia decisora, requiriendo “indicarnos cuáles órganos del Estado, en virtud de cuáles facultades legales y siguiendo qué procedimientos específicos se está realizando tal fiscalización, y evaluando… la información hasta ahora aportada por el titular.” El objetivo de esta exigencia es apuntar a un tema sensible para HidroAysén: pasado más de un año y medio de la aprobación, la empresa ha incurrido en una serie de incumplimientos que le han significado incluso una sanción de la Comisión de Evaluación Ambiental.

Asimismo, la misiva demanda que “todos los documentos, vinculados al proyecto HidroAysén, sean dispuestos cuanto antes en la página electrónica del Servicio de Evaluación Ambiental”, “que se notifique personalmente a los afectados directos, en particular las personas que están sujetas al plan de relocalización”, y “que se establezcan las instancias pertinentes para una adecuada participación de la ciudadanía en la evaluación de las condiciones puestas al proyecto y la ponderación de los documentos presentaos por la empresa.”

Una carta de similar tenor enviaron a título personal los dirigentes de diversas organizaciones regionales -Ninoska Vera, Francisco Croxatto, Alejandro del Pino, Miriam Chible, Peter Hartmann, Christian Medina, Tamara Ulrich y Patricio Segura- a la Ministra de Medio Ambiente.

Los mismos referentes despacharon una carta al Comité de Ministros para que se abra un periodo de información pública y de participación ciudadana respecto de la reclamación de HidroAysén, a través de la cual la empresa exige eliminar o modificar condiciones impuestas al proyecto, tales como el financiamiento de plan de marketing turístico, así como rebajar la tarifa eléctrica, asegurar la navegabilidad del río Baker, y modificar el plan de relocalización, entre otras.

En uno de los párrafos de la carta dirigida a la ministra Benítez, luego de explicar los elementos que convierten en “anómalo, inconstitucional e ilegal” la aprobación de HidroAysén, los dirigentes advierten que “… nos reservamos el derecho a recurrir a todas las instancias judiciales y/o administrativas en orden a que [la autorización] sea dejada sin efecto”.