Este viernes el tercer Tribunal Oral en lo Penal dictó sentencia por las costas del proceso judicial del Caso Bombas. En este sentido, el Fisco deberá pagar una suma cercana a USD$1 millón para financiar los gastos de las 120 audiencias llevadas a cabo durante los seis meses que duró el caso.

100 millones de pesos serán destinados a uno de los imputados, Gustavo Fuentes, y otro de los acusados, Francisco Solar, recibirá el mismo monto.

Además, $80 millones deben ser cancelados a cada uno de los imputados (Omar Hermosilla, Felipe Guerra, Carlos Rivero y Mónica Caballero), todos absueltos de los delitos acusados.

A los antes mencionados se les imputaba diversos ilícitos, entre ellos delitos terroristas por colocación de artefactos explosivos y el financiamiento de estas acciones.

Según el abogado defensor Mauricio Daza, éste es el mayor castigo contra el Ministerio del Interior y el Ministerio Público desde que se implementó la Reforma Procesal Penal.

Sin embargo, a juicio del jurista, debería ser el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, el fiscal nacional Sabas Chahuán y el ex fiscal Alejandro Peña quienes deberían desembolsar los montos desde sus bolsillos y no ser financiados por sus errores con dineros de todos los chilenos.