Que el agua es tema de debate, discusión, polémica y desencuentro, incluso presunto motivo de una guerra mundial no es algo desconocido, y aunque no está hoy en día en la palestra de los medios de comunicación, comienza a tener su correlato más concreto y real en Chile, con el desarrollo de conflictos por el derecho y uso de las aguas.

Hablo de Putaendo y Petorca, dos comunas de la Región de Valparaíso, donde nuevamente se repite la tónica de movimientos ciudadanos alineados con un objetivo común, con representantes arraigados a las bases y de la misma manera, se repite también la tónica -denunciada por los dirigentes del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatoma) de Petorca- de criminalizar las manifestaciones ciudadanas, desacreditar las denuncias y reclamos de protección de sus derechos en los problemas que los afectan.

Ello me trae a la mente la historia de Pinocho de Carlo Collodi. En el relato Pinocho va a denunciar ante un juez el robo del que había sido objeto, señalando el nombre de los responsables y clamando justicia. El juez, que era un mono de la familia de los gorilas, una vez terminado el relato de la víctima, llama a los guardias y les dice: “(… )A este pobre diablo le han robado cuatro monedas de oro; así, pues, prendedle, y a la cárcel con él.”

Y es que pareciera que Chile o los chilenos estamos viviendo en un país al revés. En Petorca, por ejemplo, pequeños agricultores y ciudadanos no tienen acceso a este vital recurso, ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas. En Putaendo ocurre lo mismo. Pese a que hace un año, el propio Presidente Piñera, inaugurara el embalse Chacrillas, los agricultores se quedarán sin el recurso, luego que se aprobara la sesión de derechos embalse arriba a la empresa privada. En otras palabras, la gran obra no recibirá agua para ser almacenada.

Los problemas de Putaendo y Petorca son básicamente harina del mismo costal: el Código de Aguas considera a las aguas como un bien social, pero también como bien económico, transformando este derecho concedido en un derecho de propiedad. Ello significa que se encuentra protegido y amparado por las “garantías” institucionales del derecho de propiedad, explícitamente y específicamente reconocidos a través del artículo 24. Caso, cabe añadir, único en la región.

Como el Código de Aguas consagra, además, una total y permanente libertad para el uso del agua a que se tiene derecho, se ha dado pie a: un mercado abierto, en el que se produce la separación de la propiedad del agua de la propiedad de la tierra; la posibilidad de usar estos derechos o no y por consiguiente de destinarlos a las finalidades o tipos de uso que deseen; y utilizarlos en cualquier otro sitio, venderlos, arrendarlos, hipotecarlos, etc.

Vale decir, el Estado chileno traspasa de manera gratuita (no existen impuestos o tasas que se deban pagar) el derecho sobre un recurso común perteneciente a todos los chilenos a manos privadas que pueden perfectamente lucrar.

Ahora bien, el problema no es sólo la normativa relacionada con la sesión de derechos de agua, la escasa fiscalización que ejercen los organismos pertinentes, las multas insignificantes o los errores técnicos de asignación de derechos de uso en relación a los recursos disponibles.

El problema central se encuentra en un modelo económico que visualiza cada actividad económica, en este caso la agricultura, como la suma de sólo tres factores: capital, trabajo y tecnología, sin siquiera considerar una mirada territorial y en claro desmedro de los temas socioambientales.

Este es un modelo que se restringe a voluntades y miradas particulares (sin considerar los servicios de los ecosistemas), que excluye la participación efectiva de los actores no estatales en procesos de definición de políticas públicas para un desarrollo local sustentable.

Se requiere intervención estatal para garantizar los derechos de todas y todos los chilenos; que los actores privados incorporen en sus procesos decisionales la temática socioambiental y el enfoque de contribución social apostando al bien común; y que la ciudadanía, pese a sus demostraciones palpables de disposición al diálogo en el desarrollo de estos conflictos, muestre también un estado de maduración.

No se puede continuar realizando actos de confianza a ciegas de las declaraciones de voluntades, se requiere de acciones concretas que ayuden a cimentar caminos de diálogos democráticos en la resolución de conflictos y de espacios ciudadanos individuales y/o organizados de participación, decisión y de control de los asuntos que les afectan, como el modelo de desarrollo local y el ordenamiento que desee implementarse en un territorio determinado.

Bernarda Jorquera

Bernarda Jorquera

Bernarda Jorquera

Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Políticas Sociales y Gestión Estratégica para el Desarrollo Sostenible del Territorio y en Gestión de Sistemas Ambientales. Profesional con más de 10 años de experiencia, tanto en instituciones públicas y privadas.

Se ha desempeñado en la promoción de la participación y el empoderamiento de familias y personas en condiciones de vulnerabilidad, incentivando la transferencia de habilidades y competencias para el desarrollo de sus capacidades, que les permitan ser sujetos/as de cambio. Actualmente se desempeña como Directora de Calidad de Proyectos de Fundación Casa de La Paz.