Dicen los expertos que una organización donde se instala la desconfianza se torna lenta y cara: Lenta, por lo difícil que resulta coordinar acciones y cara, por la cantidad de mecanismos de control que se precisa instalar.

En la relación entre las comunidades locales y las empresas productivas -especialmente las extractivas- la situación es similar. Las comunidades mayoritariamente desconfían de las grandes empresas. Ello por una razón muy simple: sus acciones generalmente no son coherentes con el discurso, las personas a cargo a menudo carecen de las indispensables habilidades sociales y los acuerdos muchas veces pasan al olvido.

A su vez, las empresas desconfían de las comunidades. Parten de la base que su foco es conseguir la mayor cantidad de dinero posible y que, los dirigentes luchan por su lucro personal más que por el bienestar colectivo.

Todo ello hace que se instale el mutuo escepticismo, la descalificación y la comunicación defensiva, y que ambas partes se blinden. Hasta ahí, todo mal.

El principio fundamental en la construcción de confianza es el alineamiento entre lo que se declara y lo que se hace. El problema es que las grandes compañías dicen cosas muy ambiciosas, a menudo incumplibles, como “Cero Daño”, lo que les resta credibilidad. La mayoría de las declaraciones de las empresas, particularmente las relacionadas con la responsabilidad social, hablan de una organización que hace todo bien, lo cual a menudo no coincide con la percepción ciudadana y, lo que es más grave, con el relato de sus mismos colaboradores.

Otro requisito para construir la confianza social es la materialización del compromiso de devolver a la sociedad los recursos utilizados, en forma de más y mejores oportunidades de desarrollo que le permitan satisfacer sentidas necesidades sociales y económicas. Dado que los medios de comunicación se encargan de resaltar las enormes utilidades que anualmente reciben las compañías, se instala la percepción que la contribución local de éstas equivale a “sólo migas”. Para peor, las comunidades afectadas vislumbran a las compañías como obstáculo y no como facilitadores de su propio desarrollo.

Para poder confiar, la comunidad requiere percibir a las compañías como íntegras, es decir honestas y veraces, que cumplen con su palabra incluso en escenarios adversos. Dado los frecuentes cambios en la propiedad de las empresas así como de los ejecutivos a cargo del relacionamiento con las comunidades, la historia de la relación está tapizada de acuerdos incumplidos, muchos de ellos simplemente desconocidos para la administración actual, pero nunca olvidados por los vecinos.

Las personas también se forman un juicio a partir de percibir las reales intenciones (a menudo la aprobación de un permiso ambiental) detrás de bellas palabras. Si se transmite sinceridad de propósito, motivaciones claras y una meta basada en el beneficio mutuo, la relación fluye. Por el contrario, las agendas ocultas y la instrumentalización de la relación se evidencian en incomodidad, sobreactuación, apuros, miradas oblicuas. En otras palabras, la comunidad lo nota… y desconfía.

Finalmente, es preciso asumir que el comportamiento previo de las empresas, incluso en lugares remotos, está hoy a un click de distancia. Si ocurrió algún percance en el pasado, la comunidad se enterará a través de internet. El resultado es diferente si es la propia empresa quien proactivamente lo pone sobre la mesa, e informa sobre las medidas adoptadas para evitar su recurrencia.

Por eso, para construir confianza con la comunidad, al interior de las compañías o incluso de su familia, diga la verdad, aunque duela, sin ocultar información, ya que lo van a pillar. Muestre un interés genuino por los demás, respetando la dignidad intrínseca de cada persona. Esto no se finge, se siente.

Ximena Abogabir

Ximena Abogabir

Ximena Abogabir

Presidenta Ejecutiva de Casa de la Paz, periodista y miembro del Consejo Nacional asesor del programa de pequeños Subsidios del PNUD (Naciones Unidas). En el pasado fue miembro del Consejo Consultivo Nacional y del Metropolitano de CONAMA, Presidenta del Consejo de las Américas y Consultora de Unicef.

Desde el año 2002 a la fecha integra la Comisión Verificadora de Conducta Responsable, organizada por la Asociación de Industriales Químicos.