Tuve la suerte de trabajar en una ONG de derechos de infancia en República Dominicana, en un proyecto que pretendía, entre otros objetivos, que niños y niñas de un barrio con altos niveles de exclusión conocieran sus Derechos. Si hay algo que me impresionó de la experiencia fue poder observar el antes y el después del momento en que un niño o niña comprende que “existen unas cosas que se llama derechos, que les pertenecen por el sólo hecho de ser personas y que nadie les puede quitar”.
En términos teóricos esto no debería sorprendernos, si pensamos, siguiendo a Echeverría, que “el lenguaje crea realidad, modela nuestra identidad y el mundo en que vivimos”. Esto implica entre otras cosas que en el momento en que denotamos la palabra “derecho”, el concepto comienza a existir, a significar algo en nuestras vidas.
Así mismo, vamos generando pensamientos y acciones más complejas asociadas a conceptos en la medida que los comprendemos mejor, en la medida que le agregamos distinciones y contenidos más específicos.
Al aprender y comprender el concepto de “derechos de los niños” y además al conocer cuáles son esos derechos, crecientemente las niñas y niños comenzaban a generar pequeñas acciones en sus familias y escuelas, para defenderse de algunas de las vulneraciones que diariamente sufrían, así como a “predicar” entre sus pares, usando los derechos de los niños como argumento. Comenzaban por ejemplo a decir que no querían gritos ni golpes o a exigir que se les dejara opinar en las conversaciones de los adultos.
En términos sencillos, esto tenía un efecto concreto en términos de participación, entendiendo participación como la capacidad de ejercer poder en los asuntos que afectan sus vidas. Este ejemplo, que seguramente resulta de Perogrullo para quienes trabajan con enfoque de derechos, nos sirve para constatar la fuerza que tiene el concepto de Derechos Humanos y el potencial que posee en términos de participación ciudadana.
Pero no es algo obvio si pensamos que la mayor parte de los chilenos y chilenas hemos nacido en un país donde es normal pagar (¡y pagar mucho!), por tener acceso a derechos tan básicos como la salud, la educación, y el agua. Un país donde nos alegramos por lo “barato” que nos salió el parto en vez de considerar inconcebible que hasta para nacer haya que meter bien al fondo la mano al bolsillo.
El concepto de Derechos Humanos en Chile está principalmente asociado a las violaciones cometidas en dictadura y a la represión policial acrecentada los últimos meses; es decir a los llamados “derechos humanos de primera generación”, que son aquellos asociados a las libertades fundamentales del ser humano: la vida, integridad física y libertad de pensamiento y expresión, entre otros.
Sin mermar en ningún caso la importancia de lo anterior, considero que el concepto o el discurso de Derechos Humanos asociado a temas medioambientales se encuentra desaprovechado, en cuanto a su potencial en términos de promoción de la participación ciudadana. A pesar de la fuerza de los movimientos sociales contra Hidroaysén y otros proyectos energéticos y mineros, me atrevo a decir que aún la mayoría de los chilenos y chilenas no lo tenemos asociado a temas medioambientales.
Ahora bien, no es llegar y comenzar a hablar de Derechos Humanos para todas las reivindicaciones, así sean perfectamente defendibles desde dicho punto de vista. Si le ponemos el apellido de DDHH a todas nuestras luchas corremos el riesgo de que el concepto pierda fuerza.
Es necesario, en primer lugar, ir visibilizando la relación DDHH-medio ambiente en el discurso público, por medio de la vinculación de los temas medioambientales con los derechos de primera generación. Por ejemplo el derecho a un medio ambiente limpio está directamente asociado al derecho a la vida, a la alimentación y a la salud. Dicho de otra forma dar a conocer la interdependencia que existe entre los diferentes tipos de Derechos Humanos.
Por otra parte, informar y ejemplificar con situaciones concretas de qué forma estamos sometidos diariamente un sinnúmero de vulneraciones a nuestros Derechos Humanos en materia socioambiental, de modo de definir con mayor claridad los contenidos de estos derechos y quiénes somos los sujetos de éste.
Por último, y sin pretender agotar las posibles acciones, es importante visibilizar qué derechos en materia socioambiental están garantizados efectivamente por nuestra legislación, cuáles son las instituciones que deben actuar como garantes y los mecanismos formales de participación a los que podemos acceder para reivindicarlos.
En fin, la invitación es a ir descubriendo, incluyendo y ampliando el discurso, tanto en el ámbito de nuestras organizaciones como en otros espacios de expresión ciudadana. Así tal vez, tal como las niñas de República Dominicana cada vez más ciudadanos y ciudadanas indignados, nos animemos a ir implementando pequeñas y luego grandes estrategias para la promoción de nuestro derecho a un medio ambiente limpio.
Francisca Casas-Cordero, socióloga. Ha participado en investigación e intervención social en temas de participación, educación, género y medio ambiente, entre otros. Actualmente es parte de la Dirección de Calidad de Proyectos de Fundación Casa de la Paz.