Durante los últimos años he estado asistiendo a las reuniones para la formación de la Organización Regional de Manejo Pesquero del Pacifico Sur (conocida como ORP o SPRFMO por su sigla en inglés) donde los intereses de Chile están en la administración del jurel en aguas internacionales. Lamentablemente, debido a problemas de agenda, no pude hacerlo en la última reunión realizada en Chile, sin embargo, no creo haber perdido mucho y acá explico por qué.

Las organizaciones internacionales de manejo pesquero se crean con el objetivo de administrar los recursos pesqueros que están en aguas internacionales o en aguas compartidas entre países. Existe una larga lista de estas organizaciones, pero el Océano Pacífico sur era el único que no contaba con una. Muchas de estas organizaciones operan en forma interina o simplemente, al alcanzar acuerdos sólo por consenso, se usa la llamada “ley del mínimo común denominador”.

Es decir, para poder conseguir el consenso, los acuerdos que se alcanzan contienen avances mínimos sin que estos tengan un real efecto en la sustentabilidad. Es así como en el caso de algunas de estas organizaciones -por ejemplo algunas de las dedicadas al atún- nunca se han establecido medidas reales que apunten a la conservación, convirtiéndose en cuerpos descriptivos de lo que ocurre, más que ser realmente reguladores o administradores.

Entonces ¿Para qué se crean estas organizaciones? La verdad es que son creadas para asignar cuotas de los recursos pesqueros a los países participantes, pero con la excusa de la sustentabilidad, y la ORP no es la excepción.

Creo necesario en este punto relatar cómo Chile fomentó la creación de esta organización: A principios de la década de 2000, luego de que un grupo de industriales lograra la asignación individual por ley de cuotas de pesca de los recursos pesqueros de mayor importancia económica por 12 años (Ley de Límites Máximos de Captura por Armador), el jurel terminó por ser sobreexplotado dentro de las 200 millas de zona económica exclusiva de nuestro país por los mismos beneficiados por las cuotas (ellos le llamaron “la migración del jurel”).

Lo anterior los empujó a desplazarse a aguas internacionales para encontrar este recurso. Sin embargo, como en aguas internacionales cualquiera podía pescar y su asignación individual dentro de aguas chilenas no sería limite para que los propios nacionales compitieran por el recurso, empujaron a la autoridad de turno a emitir un decreto para imputar las capturas realizadas por fuera de las 200 millas a las cuotas asignadas dentro de esa área, para así no permitir la competencia y mantener los privilegios de las cuotas exclusivas. Es decir, mantener el fundo cerrado. Se invocaron razones de sustentabilidad para todo este proceso, pero a la luz de los hechos, está claro que la única sustentabilidad que realmente les importaba fue la de su bolsillo.

Posteriormente, al darse cuenta que en aguas internacionales tendrían competencia de terceros países y que la flota chilena era muy pequeña para competir- porque habían cerrado el fundo para los nacionales- trataron de hacer un acuerdo de conservación internacional (el que realmente debería llamarse de explotación internacional) dentro de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, CPPS. Esta iniciativa, llamada “Acuerdo Galápagos”, fue un fiasco y no tuvo más adherentes que Chile, debido a que los otros participantes no querían ser restringidos en sus posibilidades futuras de pesca.

Albert Arias | Anapesca A.G.

Albert Arias | Anapesca A.G.

Luego de esto, en 2006, los industriales chilenos se aliaron con Australia y Nueva Zelanda empujaron la ORP. Como lo dije antes, al dar a conocer al mundo que acá se repartirían cuotas de pesca, la ORP se convirtió en un llamado a todas las flotas de terceros países a que hicieran historia de pesca, uno de los parámetro usados para las asignaciones posteriores de cuotas a los países participantes en este tipo de organizaciones.

Luego de 6 años de negociaciones, los industriales chilenos se han dado cuenta que en la arena internacional no pueden manejar todo el sistema para su beneficio como lo hacen en Chile, donde, por ejemplo, tienen al ministro de Economía totalmente detrás de la idea de regalarles los recursos pesqueros a perpetuidad. Es por eso que luego de terminada la reunión de la ORP en Santiago, hace una semana, varios actores del sector ligados a la industria salieron pidiendo al Gobierno que evalue la ratificación de la ORP, ya que no les gustan sus resultados y no saben cómo salirse.

Lamentablemente, los “patrones del fundo” no evaluaron los efectos que tendrían sus actos en el largo plazo, ya que este tipo de organizaciones son como bolas de nieve: cada vez son más grandes y una vez que parten no hay forma de detenerlas.

Albert Arias Arthur es Master en Asuntos Marítimos de la Universidad de Washington. Actualmente se desempeña como asesor en politíca pesquera para Anapesca A.G.