Hay noticias que sencillamente no se entienden por los absurdos que encierran. Y utilizo el término “absurdo” no en un sentido provocador, sino literal: “Contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido, chocante, contradictorio”.

Una de estas informaciones la vamos a encontrar cuando empiece el nuevo año: el alza de un 7,5% en el precio de todas las autopistas, el mayor aumento de los últimos años. La cifra surge del reajuste que estas empresas hacen de acuerdo al IPC acumulado en los últimos 12 meses – 3,9% esta vez – y el 3,5% que decidieron aplicar este año por “costo real”. En este caso, viene a ser unos 7 pesos más por cada kilómetro recorrido – dependiendo de la hora – e implica que en los últimos 6 años el TAG ya ha subido un 50% su precio original. Es decir, desde el 2006, el valor ha aumentado en $30 pesos.

Los absurdos en este anuncio están en que, de partida, el propio Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, reconoce que es un alza desmedida, pero explica que no puede hacer nada porque hay que cambiar estos contratos “de construcción por unos de servicio”, lo que nos dice que en la época dorada de las concesiones viales el Estado fue capaz de ceder en muchos aspectos para lograr que privados quisieran hacerse cargo de levantar las autopistas. Esto, suponiendo que había poco interés de particulares en participar en esta iniciativa y que por eso hubo que ofrecerles muchas garantías. El punto es que en el tema TAG hay mucho consenso en que los son contratos “leoninos”.

- Admiten un reajuste en torno al IPC y otro “real”, estimado por las autopistas, que puede llegar a 3,5%.

- El cobro en horas punta es independiente de que el flujo de vehículos sea lento o que haya atochamiento. Y tacos hay casi todos los días. Es más, ha habido denuncias de este tipo de cobros en días feriados.

- El Estado les cedió a estas empresas la administración total de las vías concesionadas.

- Según el diputado UDI, Gustavo Hasbún, obligan a que cualquier reinversión en la autopista la tenga que financiar el Fisco.

Aunque un experto vial diga – como lo afirmó Louis de Grange – “que los automovilistas tienen que entender que utilizar su vehículo no es un derecho, sino un privilegio porque hay poco espacio vial, contaminación y congestión” y que “por lo mismo, deben pagar un sobrecosto por el daño que significa para la sociedad este uso excesivo de commodities”, nada obliga a conformarse con que, por ser contratos de construcción y no de servicio, las autopistas no cumplan con ciertos requisitos mínimos de buena atención. Que si se opta por pagar, por ejemplo, una tarifa alta para poder circular por vías no congestionadas, éstas igual toleren ciertos niveles de atochamiento. O, como ocurre en otros casos, las empresas puedan desligarse de cualquier responsabilidad de hechos ocurridos en su y por su infraestructura. Como pasó años atrás con el caso del “piedrazo” a un auto que terminó litigándose en tribunales.

Otro absurdo – contradicción – lo encontramos en las últimas declaraciones de Horst Paulmann, dueño de Cencosud. “Cuando alguien mete la mano donde no hay que meterla…”, dijo hace una semana cuando le preguntaron por el caso de repactaciones unilaterales en La Polar, “(…) no todos somos sinvergüenzas. Es importante que en Chile se mantenga el prestigio”. Y luego enfatizó en que “hay muchos empresarios de buenas formas de hacer las cosas. Necesitamos que la gente crea en los empresarios, que el Gobierno tenga confianza”.

Curioso que el señor Paulmann opine así y olvide que su propia compañía enfrenta un lío – desde el 2006 – por aumento unilateral de la comisión por mantención de la tarjeta Jumbo. Después de 6 años de que el Servicio Nacional del Consumidor presentara una demanda colectiva, la justicia dictaminó en primera instancia que la empresa no podía cambiar las reglas del juego contractual sin el consentimiento de los clientes que firmaron esos contratos, que éstos no pueden contener cláusulas abusivas y que la Ley del Consumidor se aplica al mercado financiero. Jumbo estimó en su momento que podía repactar la comisión de su tarjeta porque el usuario no había dicho nada en contrario (nunca le preguntó si estaba de acuerdo con el alza) y porque seguía usando la tarjeta.

Es verdad, podría alegar el dueño de Cencosud, que después la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de la compañía, pero no refiriéndose al fondo del asunto, sino acogiendo el argumento de que la demanda la habían presentado a destiempo y que, por ende, el caso estaba prescrito. El Sernac, por lo demás, apelará a la Corte Suprema, convencido de que la justicia no puede mantener silencio en torno al hecho de que Jumbo cobrara por meses una comisión que adoptó e informó unilateralmente.

Un último absurdo: Todas las noches “Costanera Center” brilla por las luces de unos focos gigantes que hacen notar la altura considerable del edificio. Es más, ya se realizó una simbólica ceremonia de entrega de llaves a los nuevos locatarios en un paso más hacia la inauguración de este megaproyecto en abril del 2012. El 80% de los 340 locales del mall está vendido y el 20% restante está asignado. El ejecutivo que encabezó el evento dejó en claro que está todo listo: “Esta entrega les dice a los locatarios que a partir de ahora les corre el reloj”.

Pero donde no corre el reloj es en la medida de mitigación vial quizás más importante para que este proyecto no transforme el área de “Sunhattan” en un verdadero infierno. El proyecto considera 6 mil estacionamientos, pero requiere construir un túnel debajo de la Avenida Andrés Bello. Cencosud ha sido claro: las obras públicas son tema del gobierno y no de un particular. Y tiene algo de razón: el 2009, el ex ministro De Solminihac firmó un acuerdo con Paulmann en el que el MOP declaraba la faja de esa vía “camino público” y donde el empresario se comprometía con un financiamiento de US $30 millones.

Sin embargo, no se ha logrado garantizar el pago total del túnel de parte de Cencosud. Y, encima, al nuevo Ministro de Obras Públicas no le parece bien que los chilenos tengan que costear un proyecto que, a su juicio, es responsabilidad del privado que inaugura un edificio que afecta el entorno de éste. Y en eso están. En una controversia que atrasa todo el proceso y que, claramente, no va a alcanzar a dejar lista la vía “mitigadora” para cuando, con bombos y platillos, la empresa inaugure el “Costanera Center”.

Como dicen en Twitter: “así con los absurdos”.