La semana recién pasada terminó un proceso acá en el estado de Washington, Estados Unidos, en el cual los ciudadanos deciden sobre distintas iniciativas que se han incluido en la votación, es decir, un plebiscito o consulta popular. La iniciativa 1183, que gatilló la idea de esta columna, propuso sacar de las manos del Estado el expendio de licores (alcohol destilado) y permitir que privados desarrollaran el negocio, cerveza y vino ya se venden libremente.
Lo que me llamó la atención no fue el tema central de esta iniciativa, sino la campaña de terror organizada por aquellos que profitaban del “status quo”, basándose en una serie de argumentos que no eran necesariamente causa-efecto de la medida en sí, pero que se podían vender como tal. Esto me recordó a los grandes industriales pesqueros en Chile y su campaña en contra de la licitación de cuotas de pesca.
Hasta hoy en Seattle, así como en todas las ciudades del estado de Washington y algunos otros estados de la Unión, se pueden adquirir licores sólo en tiendas especiales dedicadas a ello, con ciertas restricciones de horarios, las que son indudablemente un monopolio estatal. El inevitable “arreglín” está en el hecho que el Estado compra los licores sólo a un par de distribuidores autorizados, lo que naturalmente es un negocio redondo: tiene un cliente cautivo y nadie puede competir con ellos.
La iniciativa 1183, recién votada, permitía que los supermercados, restaurantes y otros, pudieran entrar en el negocio de la venta de licores y acceder a una mayor oferta, la que genera competencia entre los distribuidores y por lo tanto mejores precios. Además, todo aquel que produzca licores en destilerías boutique – el nuevo boom luego de las micro-cervecerías- puede vender directamente sus productos a los consumidores, sin tener que pasar necesariamente por el monopolio de distribución.
Como es de imaginar, los beneficiarios del monopolio desarrollaron una campaña en contra de este “cambio en las reglas del juego” y como su posición era tan impresentable se dedicaron a demonizar y aterrorizar la iniciativa, pero no ellos directamente, sino que argumentando lo importante que era para el Estado mantener el negocio del licor. Primero, dijeron que se perderían muchos empleos -lo que no es real porque un aumento en una actividad económica traería aún más empleos- posiblemente quienes trabajan para el Estado tendrían que hacerlo ahora para los privados. Luego que el aumento de disponibilidad de licor aumentaría la venta a menores de 21 años, la edad límite acá. Para esto contrataron, alcaldes retirados, bomberos, enfermeras, etc. Todos destacando el gran problema que se produciría para la juventud al tener más licor disponible.
En mi experiencia, hoy en día, cada vez que pido algo con alcohol en algún restaurant o compro cerveza en un supermercado me piden mi identificación (para los que me conocen estarán de acuerdo que dejé de parecer menor de 21 hace como 20 años) por lo que está claro que el acceso es restringido. En el fondo el evitar el acceso de menores al alcohol tiene que ver con el control, el mismo que hoy se tiene para el expendio de vino o cerveza. En Estados Unidos en general funciona muy bien el sistema del “garrote y la zanahoria”, pero si el garrote te pega no te paras más.
La tercera etapa de su estrategia fue la que me convenció de que debía documentar el paralelo con la industria pesquera chilena. Cuando nada de lo anterior consiguió el respaldo ciudadano en las encuestas decidieron atacar a un supermercado en particular, Costco. La iniciativa 1183 beneficia y permite desarrollar negocios a todas las cadenas de supermercados, como QFC, Trader Joe’s o Safeway, entre otros, pero crearon avisos señalando que Costco gastó 22 millones para pasar la iniciativa, claro que por un aviso a favor salían tres en contra por lo que los del monopolio no deben haber invertido menos. Además decían que de aprobarse la apertura, Washington permitiría y mostraría al resto del país, que la democracia se puede comprar. Finalmente, y como guinda de la torta, hicieron que las personas contratadas para los avisos escribieran artículos en los diarios locales para después decir “en el diario “tanto” dice que Costco quiere comprar la elección”, cuando eran ellos mismos quienes generaban esa información.
En Chile, con la discusión de la próxima Ley de Pesca se ha desarrollado una campaña muy parecida. El tema de fondo es que la ley del 2001 creó un grupo cerrado de empresas dueñas de las pesquerías más importantes del país y hoy, cuando sólo queda un año de esas regalías por ley, lo que está en discusión es que el sistema debe abrirse vía licitación de, por lo menos, parte de las cuotas de pesca para que otros ciudadanos tengan la posibilidad de participar del negocio.
La campaña de la gran industria pesquera en contra de la licitación se ha basado en contratar ex ministros, ex subsecretarios de pesca, ex parlamentarios, ex dirigentes sindicales, y otros personajes (no “ex”), quienes han salido argumentando en contra de la apertura por distintos motivos, todos asociados a demonizar y aterrorizar. Que se reducirá el empleo, que los extranjeros se llevarán todo, que una empresa ha gastado millones y son los únicos que quieren la licitación. Incluso se han acordado de la sustentabilidad de los recursos, la que olvidaron por 20 años en los cuales los sobreexplotaron. La idea es desviar la atención del tema central: los recursos pesqueros deben ser asignados en forma eficiente y competitiva, logrando que el Estado pueda recaudar parte de las rentas producidos por esto.
Para los que están curiosos sobre la iniciativa 1183, esta fue aprobada con un 60% de los votos pese a los esfuerzos del monopolio. A partir de junio del 2012 en Washington el negocio del licor será abierto, competitivo y el que venda licor a menores tendrá las penas que hoy existen multiplicadas por tres. Además, hace un par de días los supermercados anunciaron que comenzarán la contratación de personal para esta nueva área del negocio, donde han llamado a los trabajadores de las licorerías del Estado a postular, porque ellos son quienes conocen mejor el tema.
Como se puede ver, en todas partes se cuecen habas… y las mismas habas con distintos cocineros. Es de esperar que en el caso del sector pesquero chileno sea como el de Washington donde las malas artes no consiguieron el resultado esperado y primó el interés público por sobre el del monopolio.
Albert Arias Arthur es Master en Asuntos Marítimos de la Universidad de Washington. Actualmente se desempeña como asesor en politíca pesquera para Anapesca A.G.