Amnistía Internacional instó hoy a las autoridades chilenas a investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes durante las recientes protestas estudiantiles y a sancionar a los responsables de los abusos.

La organización solicitó a las autoridades que respeten el derecho a la libertad de expresión y asociación de los manifestantes y eviten abusos durante futuras protestas.

Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, declaró que el Gobierno tiene la responsabilidad de resguardar los derechos de los niños que han participado en las marchas.

Declaró su preocupación por el número de denuncias sobre uso excesivo de la fuerza, utilización indebida de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y los posibles malos tratos durante las detenciones que se han registrado en las últimas manifestaciones.

Agregó que “las autoridades chilenas tienen la responsabilidad de garantizar que sus ciudadanos puedan manifestarse sin miedo a sufrir represión o a ser detenidos arbitrariamente,” dijo Ana Piquer.

“Es imprescindible que estas denuncias sean investigadas de forma inmediata e imparcial y que los derechos humanos de las personas detenidas sean garantizados”, agregó.

Pique además dijo que “la policía no debe utilizar la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y aún en este caso, debe hacerse en el menor grado posible que exijan las circunstancias, reduciendo al mínimo los posibles daños y lesiones.”

Amnistía Internacional reconoce la obligación de las autoridades de mantener el orden público, pero éstas se deben desempeñar con responsabilidad y en línea con las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y sin cometer abusos.

Estas normas, de las cuales el Estado Chileno es parte, incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del niño/a, las cuales garantizan el derecho a la libertad de reunión, expresión y la protección de los menores de edad.

“Es fundamental que las fuerzas policiales entiendan que el respeto a los derechos humanos es parte de su trabajo, y que quienes participen en operaciones disuasivas en reuniones públicas sean personal capacitado y consciente de la importancia de la proporcionalidad en el uso de la fuerza”, manifestó.