Un segundo procesado en el caso Bombas fue liberado este lunes de la prisión preventiva que pesaba en su contra desde agosto del 2010. Mientras al mediodía se constituyó la mesa de diálogo para las garantías y demandas de los imputados.

El una audiencia realizada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, se decidió revocar la prisión preventiva a Vinicio Aguilera Mery, dictaminándose que quedará bajo arresto domiciliario.

Horas antes, la Corte de Apelaciones de Santiago había decretado la misma medida para Pablo Morales Fuhrimann, presunto líder del grupo sindicado como autor de los bombazos registrados en la capital entre los años 2006 al 2010.

Son 12 los jóvenes procesados bajo el cargo de “asociación ilícita terrorista para la colocación de artefactos explosivos”, quienes fueron detenidos el 14 de agosto del 2010, en distintos lugares de Santiago.

Ahora 6 de ellos permanecen recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago manteniendo una huelga de hambre que se extiende por más de 60 días.

El proceso cerró la investigación el pasado 14 de marzo, por lo que se espera una fecha para el inicio de la preparación de juicio oral, en un caso rodeado de polémica por el uso de la Ley Antiterrorista y las últimas denuncias contra la Fiscalía de intentar ofrecer dinero a posibles testigos contra los imputados.

Mesa de diálogo

En tanto, al mediodía de este lunes se constituyó la mesa de diálogo para dar solución a las demandas y denuncias que se han hecho en el llamado Caso ‘Bombas’, la cual está constituida por diversas instituciones y representantes.

En la ocasión, participaron los diputados de la comisión de Derechos Humanos Sergio Aguiló (I), Tucapel Jiménez (PPD) y Gustavo Hasbún (UDI); el monseñor Alfonso Baeza; el médico que revisó a los jóvenes en huelga de hambre, Alejandro Santander; Paula Salvo del Instituto Nacional de Derechos Humanos; el abogado defensor Mauricio Daza; Ximena Muñoz, vocera de los presos y familiares de éstos también.

En la ocasión, el diputado Aguiló destacó que se presentarán la próxima semana, un proyecto de ley que se suma a otros dos que ya se han presentado y que van en la línea de realizar modificaciones a la ley Antiterrorista.

La iniciativa, según el abogado Daza, busca garantizar beneficios, ya que debido a la invocación de dicha ley, los imputados pueden quedar años bajo prisión preventiva sin necesidad de una sentencia. Por esto es que el proyecto buscará que los tribunales, al invocar la figura del terrorismo, debe hacer una investigación acuciosa de inmediato.

“En la primera oportunidad que el ministerio público invoque la aplicación de la ley de conductas terroristas ante un tribunal, éste se encuentra obligado a entrar al fondo respecto de si existen antecedentes suficientes que ameriten dicha aplicación”, explicó.

Por su parte, la representante de los imputados del caso, Ximena Muñoz, afirmó que éstos esperan resultados concretos a la brevedad y su libertad inmediata. Además espera poder coordinar la comunicación entre los presos para coordinar movilizaciones.